Ha caído la Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, tras una denuncia por fraude al fisco realizada por un equipo de reportajes de Radio Bío Bío el pasado día jueves 24 de septiembre 2020.
Los antecedentes extensamente detallados por el reportaje de @biobio publicado el pasado jueves 24 de septiembre 2020 terminaron por condicionar su permanencia en el cargo.
MUY IMPORTANTE —> Fiscalía investiga fraude al fisco por $9800 millones en Intendencia de Coquimbo https://t.co/65AnPUrIf0 vía @biobio— Medios Coquimbo (@infocoquimbo) September 24, 2020
La denuncia presentada en el reportaje de @biobio se suma a otros cuestionamientos que se realizan a la máxima autoridad regional como los que señala el Observatorio Político Región Coquimbo.
Mención aparte merecen los recursos destinados a la empresa L&R Comunicaciones por más de $423 millones de pesos en poco más de 2 años.
¿Quiénes son?, ¿a qué se dedican?
L&R Comunicaciones es una empresa que se dedica a la realización de eventos, servicios de banquetería y transmisión via streaming de acuerdo a convenio marco, según información publicada en su web http://www.lrc.cl/
Y además
Más antecedentes respecto a irregularidades en la gestión de Pinto son publicados por el medio digital El Tricahue, quienes denuncian otra compra irregular de un terreno de unos 60 mil metros cuadrados ubicado en el sector de La Cantera, Coquimbo.
El otro terreno que complica a Intendenta Pinto – jueves 24 de septiembre 2020
Los terrenos fueron adquiridos nuevamente sin licitación, sino que via “trato directo” a Sociedad Agrícola Inmobiliaria Fundo El Recreo por más de $6.200 millones de pesos, pese a las objeciones de Contraloría.
La entidad fiscalizadora se encuentra investigando posibles irregularidades en las tasaciones que recibió el terreno durante el proceso de compra, ya que en una década se presentaron 4 informes que llevaron a elevar su valor en más de $5 mil 300 millones de pesos.
Sociedad Agrícola Inmobiliaria Fundo El Recreo no realizó ninguna intervención significativa en su propiedad en 10 años que justificara que su valorización se elevase de una tasación inicial (enero 2018) de UF 134.943 a una cuarta, realizada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales(!) en 2020 por UF 227.011.